Por: Lcdo. Graham A. Castillo, presidente de Estudios Técnicos, Inc.
El Plan Fiscal del Gobierno, aprobado el pasado 13 de marzo, tendrá consecuencias similares sobre la economía de Puerto Rico que la propuesta presentada originalmente por la Junta de Supervisión Fiscal, en su misiva del 18 de enero de 2017 al Gobernador de Puerto Rico. El logro alcanzado por la Administración para evitar el recorte a la jornada laboral o los despidos masivos de empleados públicos sirvió para reducir la incertidumbre ante estos grupos y del empresario en general. Sin embargo, el empresario debe de entender como los recortes programados impactarán la economía.
Este Plan Fiscal logró extender el término de los $3.0 millones en recortes en el gasto público a un periodo de 3 años, y no para los dos años que propuso la Junta de Supervisión. Esto, aunque mejoró el pronóstico económico, aún podría implicar mermas en el crecimiento económico de hasta 4% en los años fiscales 2018 y 2019, y con ello el gasto privado. Las medidas de ahorro serán acompañadas por medidas contributivas que tienen como objetivo generar $1,500 millones en ingresos fiscales adicionales. A la fecha de escribirse esta nota no está claro cuáles serán esas medidas contributivas, pero sí se ha mencionado la reducción en algunos créditos contributivos, deducciones que toman las empresas, aumentos en el costo de licencias y otros servicios gubernamentales.
La clase empresarial de Puerto Rico debe prepararse para otro ciclo de contracción fuerte que será ocasionado por la reducción en el gasto público durante los próximos dos años fiscales y por factores externos a nuestra economía, como es el aumento en las tasas de interés y en el costo del petróleo. Asimismo deberá, no obstante, estar lista para aprovechar un ambiente de menor incertidumbre que paulatinamente promoverá la inversión durante los próximos años. Una apuesta de esta Administración es la utilización del mecanismo de las Alianzas Público Privadas, que bien estructuradas y diseñadas promoverán nueva inversión, el fortalecimiento del sector privado y una sociedad más eficiente en el manejo de servicios de carácter público.
